DESPILFARRO DE PENSIÓN DETECTADA EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA

Me referiré a la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Distrito de Familia, que fue motivo además de nota de prensa en el Portal de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia aludida y analizada es la Nº12 del día 21 de enero del 2020, en la que se ventila una ejecución de sentencia emitida por el tribunal de apelaciones y que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en un recurso extraordinario de Casación el dia 23 marzo 2019. En la sentencia se estableció una pensión mensual de dos mil ochocientos dólares a una menor de cinco años. Adicionalmente se ordeno un retroactivo y seguro médico privado anual. En la sentencia el tribunal dejo la obligación a la administradora de la pensión-la madre- para que cada seis meses rindiera informe contable del uso de la pensión depositada por el obligado, debía asumir el gasto de transporte, los gastos escolares en cuanto a mensualidad. La sentencia es un paso importante para asentar criterio jurisprudencial sobre el uso indebido o “despilfarro” de las pensiones alimenticias que ocurren con frecuencia, pero que no se ejecuta la supervisión. El juez hizo un análisis exhaustivo, sobre los soportes contables, encontrándose compras de 60 libras de arroz mensual, dos docenas de plátanos, treinta libras de azúcar, pago de créditos en la Curacao de la madre, recibos de pagos de chofer escolta, pago del jardinero, pago de los honorarios del abogado, pago de alquiler de inmueble, facturas comerciales sin pie de imprenta, ninguna indicaba el nombre de la menor. Todos estos supuestos gastos presentados en audiencia por la madre, indico que eran necesarios para la calidad de vida de su hija. Todo este informe presentado por la ejecutada llamo la atención del judicial quien basado en el arto 333 CF en una sentencia de cinco folios asienta los siguientes criterios y motivaciones: 1) que basado en el arto 33CF los jueces de familia pueden tomar las medidas prudenciales para que la pensiones no sean utilizadas de forma indebida. 2) que pedir la supervisión de pensión basado en el arto 333CF no es violación a los derechos humanos, ni tampoco violencia hacia la mujer criterio asentado por la Corte Suprema de Justicia el 26 marzo 2019 retomado por el juez cuarto en esta sentencia. 3) que las medidas correctivas sobre el uso de la pensión no conllevan a la disminución de la misma sino a la forma de cumplimiento. 4) que la acción de supervisión es una facultad del obligado alimentante y es una obligación para el que la administra. 5) que se demostró que el desvió de la pensión no fueron destinados a la menor y sobrepasaba mas del 50% de la misma. 6) que esa cantidad desviada y despilfarrada debe resguardarse para evitar mal uso a futuro en una cuenta bancaria de la menor. Destaco el trabajo apegado a derecho, el uso correcto de la sana critica planteada en esta sentencia de parte del judicial, quien ha tenido otras sentencias muy importantes para estudiar y analizar que mejora el sistema de justicia en Nicaragua. En ella se hizo justicia a la menor, quien no tiene la capacidad de decidir sobre su sustento. En este proceso participo la directora de Asesores de familia como parte procesal.

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